ESPECIALISTAS EN EL DERECHO PENAL ANALIZAN CON UNA AGENDA LEGISLATIVA

Con el fin de fortalecer la agenda legislativa del próximo Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado así como en los cabildos, se llevó a cabo una serie de mesas de trabajo en diversos foros con organizaciones civiles, asociaciones, colectivas y especialistas en diversos rubros en conjunto con los próximos legisladores y regidoras.

Bajo el título de “Avances y ausencias del Código Penal del Estado”, se tuvo la participación de abogados litigantes expertas y expertos en el área penal y la procuración de la justicia, en el cual el presidente del PRD, Iván Sánchez Nájera, puntualizó ser un área tan técnica que requiere de mucho trabajo de mesa para evitar alguna afectación legal por modificaciones mal estudiadas; “es vital que nuestros representantes en el Congreso y en Cabildos tengan un ejercicio de puertas abiertas con las personas expertas en los diferentes rubros a legislar, más en cuanto al Código Penal que poco que atiende por su nivel de dificultad”.

Cuauhtémoc Escobedo Tejada, diputado electo por el Distrito III, apuntó que un buen representante popular debe mantenerse abierto al trabajo colaborativo con la sociedad civil organizada para lograr avances eficientes y efectivos en cuanto a normas, leyes y políticas públicas, “no somos expertos en todos los temas por eso nos comprometimos a mantenernos de puertas abiertas con ustedes, las y los expertos, para retroalimentar las responsabilidades que vamos a tener”.

La asesora jurídica Marissa Rugarcía enfatizó en la urgente necesidad de legislar en cuanto a los ciberdelitos y la investigación especializada; toda vez que la tecnología ha avanzado tanto que el sistema de justicia se ha quedado rezagado desde sus reglamentaciones y leyes. “El cibercrimen le cuesta a un país entre 3 mil y 5 mil millones de dólares al año, es un problema grave que en nuestro estado no se ha tomado con el interés que debería tenerse”.

El abogado litigante Julio César Esparza, puso en la mesa la necesidad de una reforma integral al sistema penal estatal que englobe a todos los partícipes como la Fiscalía, el Código Penal, el Poder Judicial, el sistema penitenciario y el sistema de seguridad pública estatal. Así como una revisión al marco legal sobre los delitos de prisión preventiva oficiosa al contarse con una saturación en el cupo de los centros penitenciarios por casos que no requieren realmente cárcel.

El maestro José Luis Eloy Morales Brand consideró una serie de necesidades reglamentarias tales como: Atonomía a la defensoría pública, a los servicios periciales, a los detectives o policías de investigación. Estabilidad laboral para elementos de seguridad pública, agentes del MP, policías de investigación y peritos. Establecer en la ley un incremento de asesores públicos en materia civil, familiar, mercantil y administrativo e igualación de salarios.

Además de la creación de una Agencia Especializada en Feminicidio con su equipo de investigadores especializados, así como de la Comisión Estatal de Víctimas, esta última siendo un mandato constitucional desde el 2013 con el surgimiento de la Ley General de Víctimas.

Se agregó que el tema de procuración y administración de la justicia y de la seguridad pública es un eje rector de la agenda perredista al estar ligado inminentemente con  la cuestión de derechos humanos, raíz del trabajo institucional del PRD a nivel nacional.

“Buscamos que el grupo parlamentario del PRD tengamos conocimiento de causa y evitemos errores legislativos que han ocurrido en otras ocasiones y que pone en evidencia la capacidad del órgano legislativo”, razón por la cual se reiteró que este sería la primera de muchas otras mesas de trabajo con quienes tienen la expertis en la materia que se requiera.

emmanuelhdz